El Gobierno oficializó este martes los nuevos requisitos para la designación de jueces de la Corte Suprema. La medida fue publicada mediante el Decreto 467/2026 en el Boletín Oficial y, entre otras cuestiones, elimina la instancia de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Poder Ejecutivo y deja sin efecto la recomendación para que el Presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos.
La norma modifica los procedimientos a través de los decretos 222/2003 y 588/2003, mecanismos establecidos durante la gestión de Néstor Kirchner para la designación de jueces, fiscales y defensores públicos.
En particular, el Decreto 222/2003 obligaba al Gobierno a publicar los antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema y abrir un período para que ciudadanos, organizaciones y universidades presentaran apoyos u objeciones. Ahora se derogaron los artículos 3, 6 y 7, por lo que desaparece esa etapa administrativa.
El argumento oficial es que esas instancias duplicaban controles porque el Senado ya realiza audiencias públicas obligatorias y recibe observaciones durante el tratamiento de los pliegos.
El Gobierno seguirá obligado a publicar los nombres y antecedentes de los candidatos a la Corte Suprema en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Justicia. Sin embargo, ya no habrá un procedimiento formal dentro del Ejecutivo para recibir impugnaciones o adhesiones.
La presentación de objeciones en el Ministerio se elimina ya que “guarda similitud con las que se cumplen en el proceso que ya se lleva a cabo en el Senado”, dijeron en el Gobierno.
Agregaron que hay una “duplicación de instancias administrativas (publicación de antecedentes y la recepción de observaciones ciudadanas) dentro de la órbita del Ministerio de Justicia”. En los hechos, los tiempos del proceso para designar un juez de la Corte se reducen drásticamente.
Por otro lado, se modificó el Decreto 588/2003, que regulaba las ternas de jueces inferiores, fiscales y defensores. A partir de ahora se publicará durante un sólo día la integración de las ternas.
En paralelo, los candidatos deberán seguir presentando la declaración jurada patrimonial, información sobre sociedades, asociaciones, estudios jurídicos y clientes de los últimos ocho años. El decreto establece cinco días para que los candidatos presenten sus declaraciones juradas.
El texto normativo sostiene que existe una “crisis institucional” por la gran cantidad de vacantes en la Justicia nacional y federal, y que los procedimientos vigentes generaban demoras innecesarias porque repetían controles que luego realiza el Senado. La publicidad, la transparencia y la participación ciudadana seguirán garantizadas en la etapa de acuerdo del Senado, aseguró el oficialismo.
Además, se eliminan las recomendaciones del decreto de Kirchner para que los jueces de la Corte sean propuestos teniendo en cuenta la diversidad de género, especialidad y procedencia regional.
Son recomendaciones que, de todos modos, el Gobierno no tuvo en cuenta cuando propuso para la Corte al juez federal Ariel Lijo y al académico Manuel García-Mansilla. Sin embargo, el trámite extendido que establece el Decreto 222/2003 multiplicó los días de desgaste político para el oficialismo, a medida que se apilaban las impugnaciones contra Lijo. Objeciones que luego se repitieron en el Senado.
Estos cambios se dan en momentos en que el Gobierno aceleró para cubrir las vacantes de jueces y fiscales de la Justicia Nacional y Federal. Ya envió al Senado más de 100 pliegos de candidatos que pasaron el examen en el Consejo de la Magistratura y logró el acuerdo para 74 pliegos.
En paralelo, el Gobierno puede volver a hacer un intento para completar la Corte Suprema, que cuenta con tres de los cinco jueces previstos en la ley: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Presidente hizo saber que prefiere cubrir las dos vacantes luego de 2027, convencido de que logrará un triunfo electoral que le dará suficiente fuerza en el Senado para obtener los votos de los dos tercios sin negociar con la oposición.
