El primero de los proyectos aprobados – remitido por el Poder Ejecutivo y con modificaciones en el despacho de las comisiones de Asuntos Institucionales, Trabajo y Seguridad Social, y Legislación General -, plantea la disolución y liquidación del Banco de Desarrollo al considerar que por disposiciones del Banco Central de la República Argentina no se encuentra autorizado a funcionar como una entidad financiera. De igual manera, plantea que resulta oportuno dotar al organismo liquidador de herramientas legales para llevar adelante reorganizaciones vinculadas a la fuerza laboral del organismo.
Asimismo, a través del despacho de comisiones, la Cámara faculta, en el artículo N°3 de la Ley, al Poder Ejecutivo para realizar las modificaciones necesarias a los efectos de garantizar el cumplimiento de la Ley N°4.513 y sus modificaciones. «En el trabajo de comisiones se incluyó este artículo para garantizar el funcionamiento del Consejo de la Microempresa», señaló Ramiro Tizón, miembro informante del proyecto.
Por su parte, el presidente de la bancada oficialista, Alberto Bernis, explicó «hoy estamos tratando la disolución del Banco de Desarrollo por la orden impartida desde el Banco Central de la República Argentina. Es necesaria la sanción de esta Ley porque no podemos caer en la gravedad institucional de no respetar las disposiciones del Banco Central, porque puede caer toda la economía de la provincia. Jujuy la necesita para no caer en una gravedad institucional que perjudique a todas las instituciones».
Para finalizar, Bernis resaltó «no lo estamos haciendo para cubrir una mala gestión de nadie, lo hacemos para salvar los proyectos productivos que están en marcha y que van a venir a la provincia. En los próximos días el gobierno va a hablar con cada uno de los trabajadores para ver de qué manera quedan mejor posicionados. Nadie se va a quedar en la calle».
La segunda iniciativa aprobada, de creación del del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy), se enmarca dentro de la disolución del Banco de Desarrollo, siendo necesario que la provincia regule, controle, administre los juegos de azar y actividades conexas.
El miembro informante, Juan Carlos Abud Robles, expuso «el gobierno debe garantizar la regulación del juego. Lo que propone es la creación de este autárquico con idénticas facultades y funcionamiento en la regulación de los juegos de azar de la provincia. Modifica la estructura de funcionamiento, no va a funcionar con directorio, sino con presidente y vicepresidentes que van a ser designados por el Poder Ejecutivo provincial. El personal se regirá por el estatuto del personal de la administración pública provincial Ley N°3.161 y 4.413, según corresponda. También se establece que los agentes que revisten como personal del Banco de Desarrollo podrán optar por ser incorporados como personal de planta permanente con sujeción al régimen laboral establecido en esta Ley y conservando la antigüedad».
El Instituto actuará con personería jurídica e individualidad financiera propia como ente autárquico de la administración pública, mantendrá relación directa con el Poder Ejecutivo, tendrá presupuesto propio y se constituirá como autoridad de aplicación de la Ley y de toda normativa legal, vigente o futura. Su sede central será en la capital provincial y podrá tener sucursales, agencias, delegaciones, representaciones y locales de juego en toda la provincia y cualquier otro lugar del país. Al organismo le competerá ser el contralor de los juegos de azar, rifas, tómbolas y otras actividades ligadas, promover las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan. También deberá mantener un reglamento de los juegos de azar actualizado acorde con los cambios que se sucedan en el contexto lúdico provincial, nacional e internacional, disponer la caducidad de licencias, concesiones o cualquier otro tipo de habilitación por incumplimiento a las normas vigentes o de obligaciones establecidas en el contrato.
Finalmente, la Cámara aprobó la Ley N°6.235 de concesión de inmuebles de propiedad del estado provincial. La misma otorga al estado un procedimiento expedito para la recuperación de los inmuebles de su dominio que se encuentran ocupados ilegalmente por parte de particulares sin la debida autorización, muchas veces con intenciones de lucro y sin respeto a las normas urbanísticas y medioambientales, causando un grave perjuicio al patrimonio provincial.
Fabian Tejerina, miembro informante, detalló «tiene que ver con una realidad difícil, con la falta de procedimientos que permitan al estado la recuperación de inmuebles. Hay una falta de régimen y lo que inspira este proyecto es determinar un régimen normativo para la administración en general de la concesión de inmuebles propiedad del estado».
