Con los anuncios que realizó este martes el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre una “reducción al mínimo” de las transferencias discrecionales de parte del Tesoro nacional a las provincias; la eliminación de las licitaciones de nueva obra pública y la suspensión de las ya licitadas que no se hayan comenzado, el Gobierno de Javier Milei quedó a un paso de abrir un primer conflicto con los gobernadores.
El impacto de esas medidas se suma al costo que significó para las provincias la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, uno de los gravámenes con mayor incidencia en los recursos coparticipables. Fue impulsada por el exministro de Economía Sergio Massa y aprobada por el Congreso y cosechó el reclamo de la mayoría de los gobernadores que pidieron compensar esa baja de fondos.
Sin embargo, el Ministrio de Economía compartió en sus redes sociales un paper en el que anuncia la reversión de la quita de Ganancias, que el propio Milei había votado a favor en la Cámara de Diputados. De ser así, las provincias solo se verán afectadas por la reducción de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y por la eliminación de la obra pública, uno de sus pilares fundamentales para la generación de empleo.
Preocupación por la dependencia de las provincias de recursos nacionales
La Rioja (21,29%), San Luis (12,15%), Buenos Aires (9,62%), Formosa (9,11%), Santa Fe (8,91%), Mendoza (8,54%), Misiones (8,3%), Jujuy (8,14%), Chaco (7,67%) y Santiago del Estero (7,28%) son las diez provincias que más dependen de los ATN para sostener los gastos propios.
En tanto que Formosa (81,35%), Corrientes (80,57%), Santiago del Estero (79,98%), Jujuy (77,06%), Chaco (76,03%), San Juan (74,81%), Catamarca (74,30%), La Rioja (69,61%), Tucumán (67,17%) y San Luis (66,78%) son las diez de mayor dependencia de los recursos coparticipables.
Para algunas jurisdicciones, la suma de los ATN y la coparticipación implica más del 90% de sus ingresos, como La Rioja (90,9%) y Formosa (90,46%), y para la mayoría más de la mitad: Santiago del Estero (87,26%), Corrientes (86,51%), Jujuy (85,20%), Chaco (83,7%), Catamarca (81,23%), San Juan (79,95%), San Luis (78,93%), Tucumán (74,34%), Salta (71,27%), Entre Ríos (71,26%), Río Negro (67,88%), Santa Fe (66,73%), Misiones (64,96%), La Pampa (63,19%), Mendoza (58,81%), Córdoba (58,79%), Tierra del Fuego (55,42%) y Buenos Aires (54,02%). Solamente Chubut (43,77%), Neuquén (26,53%) y CABA (16,37%) se encuentran por debajo.
Si bien Caputo no dio a conocer el alcance de esa “reducción al mínimo” de los ATN, para las provincias de mayor dependencia podría significar un duro golpe en sus cuentas. La principal será La Rioja, cuyo referente político libertario es Eduardo Menem, el principal aliado de Milei en la Cámara de Diputados y en el norte del país, pero gobernada por el opositor Ricardo Quintela, que logró renovar su mandato.
En el peronismo, dan por descartado que los recortes no serán iguales para todos y se anticipan a ser las jurisdicciones más golpeadas.
Muchas provincias, que cambiaron de signo político -como San Luis, San Juan y Entre Ríos-, ya anunciaron un fuerte ajuste del gasto público, por lo que la reducción de transferencias podría verse compensada con la marcha atrás de Ganancias.
Sin embargo, tras el anuncio todo es incertidumbre en los gabinetes provinciales a la espera de mayores precisiones. Los gobernadores venían reclamando compensaciones por los recursos que habían perdido por la quita de Ganancias, que Massa les había garantizado hasta fin de año. Con la reversión de esa medida, Nación ya no debería sumar ese gasto a sus cuentas.
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Pero una disputa que se abre es el reparto de la coparticipación. El mandatario bonaerense, Axel Kicillof, ya avisó que iniciará el reclamo: “Más allá del compromiso solidario que nuestra provincia tiene con las restantes provincias, esta situación constituye una enorme injusticia. Aportamos casi el 40% de la coparticipación y recibimos poco más del 20%”, dijo en el acto de asunción de un nuevo mandato.
El fin de la obra pública
Tal como anticipó a lo largo de su campaña, Milei adelantó que sepultará la obra pública durante su gestión de gobierno. Según cálculos de un sondeo de TN, la inversión pública en la Argentina es de un 3,4% del PBI, sumando todos los niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal). Genera alrededor de 220.000 empleos directos y 80.000 indirectos, en base a datos de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y en este momento existe un total de 2329 de proyectos en ejecución, con una inversión de $310.000 millones.
Caputo anunció que ya no habrá nuevas licitaciones y que, aunque se hubieran licitado, no avanzarán las obras que aún no hayan comenzado a ejecutarse. En forma paralela, los equipos del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, analizan proyecto por proyecto las que ya están en ejecución y evalúan alternativas.
La idea de Milei es copiar el modelo de obra pública chileno, que implica que el Estado le entrega al sector privado la responsabilidad y la inversión a cambio de un derecho de explotar esa inversión. El responsable de poner en marcha ese plan es Ferraro.
Algunas empresas de la construcción que dependen de la obra pública se adelantaron al anuncio de este martes y, desde que ganó Milei el balotaje, comenzaron con despidos de empleados, atentas a ver cómo resultará el paso de lo público a manos de lo privado.
